Colombia atraviesa una crisis en su sistema de salud, estrechamente relacionada con el flujo de recursos. Sin embargo, es necesario abordar la situación del sistema como una «enfermedad» que responde a diversos factores que lo han afectado durante muchos años. Uno de ellos es el gran impacto generado por la liquidación de diferentes EPS y sus respectivas deudas con prestadores públicos y privados.
Sobre las deudas de las EPS liquidadas se ha discutido mucho; sin embargo, es crucial pasar del diagnóstico a las soluciones. La recuperación de la deuda que las EPS liquidadas tienen con la red hospitalaria y, en general, con los prestadores de servicios es extremadamente importante para que estas instituciones puedan aliviar sus finanzas, lograr su equilibrio financiero y, como resultado, hacer más eficiente la prestación del servicio. garantizar el pago de los trabajadores y proveedores, renovación de equipos, ampliación de estructuras y en general mejorar las condiciones físicas y recurso humano para la prestación de los servicios.
Las EPS quebradas y luego liquidadas han dejado de pagar incalculables sumas a las instituciones prestadoras de salud. Ante los reclamos de los afectados, sorprende y alarma la simple recomendación de borrar esas deudas. Esto plantea una gran incógnita moral y de impacto económico y financiero: ¿cómo pueden borrarse? Estos dineros son parte fundamental de los ingresos que las IPS necesitan para garantizar la salud de los colombianos. Estos fondos corresponden a gastos generados en la atención en salud, deudas que las IPS tienen con sus proveedores, y su falta de pago ha contribuido a la pérdida de credibilidad en las IPS y, por ende, en el sistema de salud.
La preocupación del gobierno nacional y de las autoridades responsables del sistema debe orientarse a buscar acuerdos que permitan resolver los problemas crónicos acumulados en el sector salud, los cuales afectan la calidad de los servicios. Esto debe lograrse mediante la aplicación de recursos para el saneamiento fiscal y financiero tanto de hospitales públicos como de clínicas. Este enfoque podría ser el posible tratamiento para dicha «enfermedad».
De inmediato, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia de Salud y el Congreso Nacional deben revisar los mecanismos que permitan a los hospitales públicos y a las clínicas particulares corregir las desviaciones financieras acumuladas que afectan sus servicios y fortalecer su capacidad asistencial para las comunidades.
Si bien es cierto que el Gobierno nacional ha expresado su inmenso compromiso con el sector salud, no es menos cierto que para este tema de recuperar la deuda dejada por las EPS liquidadas no se avizora una propuesta concreta después de la incorporación de un artículo en la archivada reforma que pretendía tender una red salvadora a esos recursos sepultados.
En cualquiera de los gobiernos en que se ordenaron las liquidaciones, la Supersalud debió realizar la vigilancia y considerar a tiempo la ausencia de las EPS y el no pago de sus deudas. Por suma obviedad que hay una responsabilidad del Estado, en este proceso de quiebra, por lo que deviene atemperado que el nivel central responda por las mismas.
Resulta esencial lograr un acuerdo nacional entre todas las partes para llegar a una solución de fondo. No pueden perderse esos dineros. Sabido es que los médicos y enfermeras prestaron sus servicios dia a dia y noche a noche atendiendo a la población y no puede permitirse que, de una manera simple y radical, estos números desaparezcan de las cuentas de este sector.
La iniciativa de la Ley de punto final, mediante la cual se pretendió obtener una asignación de $15 billones, no resolvió ni a corto ni mediano plazo la grave crisis hospitalaria, ya que no pudo sanear las carteras ni recuperar la operación de clínicas y Empresas Sociales del Estado (ESE).
Sería importante que el gobierno de la mano de los entes de control en el sector salud, adoptaran medidas administrativas y financieras que impidieran la liquidación de las EPS hasta tanto no se cancelen las obligaciones a los prestadores en el entendido de que con las liquidaciones son las IPS quienes resultan condonando las obligaciones y al final soportando el déficit financiero toda vez que no existen garantías y las EPS por el contrario no asumiendo responsabilidad alguna. De un lado las IPS están obligadas a garantizar la atención y prestar el servicio, pero las EPS no están obligadas a reconocer las cuentas correspondientes a la prestación efectiva de servicios de salud lo cual evidencia un gran desequilibrio al cual se deben buscar soluciones definitivas.